Ministerio libanés de Información
En el manual del perfecto negociador, si existe, seguro que por algún lado se explicita la siguiente premisa: si de lo que se trata es de llegar a un acuerdo, mejor orillar aquello que separa irremediablemente. Es decir, exactamente lo opuesto de lo que los gobiernos del Estado y de la Generalitat están llevando a cabo. De los 46 puntos sobre la mesa que los ‘presidents’ Artur Mas y Carles Puigdemont plantearon a Mariano Rajoy, unos y otros se empecinan en poner de relieve (acaso para satisfacción de sus electorados más irredentos) justo y precisamente lo que más les separa: el referéndum. Dos no dialogan si dos no quieren.
La reunión de este martes entre los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, en la sede de la Conselleria d’Economia, ha servido para enterrar el referéndum. Otra vez, dirán algunos. Sí, pero con una salvedad: en esta ocasión el propio Junqueras le ha transmitido a la número dos del Gobierno central que, a pesar del ‘no’, el Govern seguirá tirando millas. No hay más intentos.
Así lo ha señalado Junqueras al término de la reunión, al afirmar que Sáenz de Santamaría vuelve a Madrid “convencida de que habrá referéndum en Catalunya”. Y eso porque el vicepresidente catalán le ha insistido en que la Generalitat no renunciará a la consulta vinculante sobre la independencia y que la celebrará porque es su voluntad y su compromiso. Una obligación moral derivada de las urnas que no condicionará a “tener permiso” del Gobierno central. El propio Junqueras ha trazado la síntesis del encuentro: “Haremos todo lo necesario para que haya referéndum y ellos utilizarán las herramientas que crean necesarias para no facilitar el trabajo en este sentido”. De la ‘operación diálogo’ a tener los trenes ya alineados en la misma vía y circulando en sentido contrario.
Sáenz de Santamaría, por su parte, ha despachado la cuestión con el mismo argumento con que Mariano Rajoy, y la gran mayoría del Congreso, despedazaron la propuesta del Parlament de convocar un referéndum, en abril del 2014. “No podemos negociar aquello de lo que no podemos disponer. Es una cuestión que corresponde al conjunto del pueblo español”, ha sentenciado la vicepresidenta.
¿Y el resto? ¿Las otras 45 peticiones? Sáenz de Santamaría ha dicho que están “muy ligadas” a los asuntos que se abordarán en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo 17 de enero. Una cita a la que Puigdemont no acudirá por exigir una relación bilateral, ha recordado este mismo martes la portavoz del Govern, Neus Munté,” ganada en las urnas y a partir del consenso amplísimo y transversal que general una cuestión como el referéndum”. Como las pescadillas que se muerden la cola.
La vicepresidenta, por su parte, ha ejemplificado los asuntos a tratar en ese cónclave, como son el llamado “bono social” sobre los cortes de luz a personas vulnerables, la financiación autonómica, los servicios públicos, la educación o la participación en la UE. Que el resultado de la reunión era previsible da fe lo expresado por Munté apenas tres horas antes de la cumbre de ‘vices’. Así, calificó de “puro maquillaje” la llamada ‘operación diálogo’ del Gobierno respecto a la Generaltat. Munté fue contundente respecto a los “incumplimientos” de las 46 reivindicaciones.
“Si nos hemos de basar en las concreciones de la famosa ‘operación diálogo’ -ha afirmado Munté-, en algunos contactos entre ‘consellers’ y ministros, como el del ministro de Fomento Iñigo De la Serna con los ‘consellers’ Josep Rull y Meritxell Borràs, no hubo ninguna propuesta ni concreción sobre la mesa, si repasamos los 46 puntos no hay avance en ninguno de ellos y es grave porque muchos responden a incumplimentos de leyes, sentencias o compromisos del Gobierno”. Munté ha añadido que no hay novedad respecto al encuentro pendiente entre los dos presidentes. “Esperemos que se produzca lo antes posible”.
Claro que la visión desde la Moncloa es distinta. Así, Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo de la voluntad de cooperación nacida tras la reunión entre Rull y De la Serna, y a la voluntad del Ejecutivo central de “dar un impulso” a las peticiones sobre infrastructuras. Ninguna concreción.
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