Las cabinas telefónicas tendrán un año más de vida

Las 18.500 cabinas de teléfono que existen en España (unas 500 en Barcelona) van a tener un año más de vida. El Gobierno prepara una orden ministerial para prorrogar durante el 2017 el servicio público de telefonía de pago con monedas, aunque lleva camino de desaparecer en toda Europa y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado su supresión.
La decisión del Ministerio de Energía y Agenda Digital se produce después de que haya quedado desierto el concurso para cubrir el mantenimiento de este servicio al no presentarse ningún operador, según publicó el BOE el pasado día 20. El actual contrato que tiene adjudicado Telefónica expiraba precisamente a finales de este año. No obstante, fuentes del sector aseguran que será esta compañía la empresa nuevamente designada para atender este servicio, como ya ha venido prestando desde hace años, debido a sus medios técnicos y a la implantación en la mayoría del territorio estatal.
En el 2014, último año del que se tiene datos, el coste de este servicio fue de 1,3 millones de euros, según un reciente cálculo de la CNMC, aunque otras fuentes aseguran que a Telefónica le cuesta unos cinco millones anuales.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha emitido varios informes este año aconsejando sacar las cabinas telefónicas del servicio universal de telecomunicaciones (en el que también están incluidas las guías de números de abonados), aunque el Gobierno siempre ha justificado su mantenimiento en razón de las dificultades de acceso a las telecomunicaciones en zonas rurales, algunas de las cuales carecen de cobertura de telefonía móvil.
Los teléfonos públicos forman parte del servicio universal de telecomunicaciones en España, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible.
El servicio universal incluye las cabinas, las guías que apenas se utilizan, servicios adaptados para personas con discapacidad y, desde el 2012, el acceso a la banda ancha. Se establece que haya como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se sumaría uno más por cada 3.000 habitantes.
Actualmente quedan 18.300 que dan servicio las 24 horas del día, aunque la mitad de ellas no cursa ni una sola llamada, según datos de Telefónica. De ellas, 12.000 ya no son rentables y las que lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio, según fuentes del sector.
Las ciudades españolas con más cabinas son Madrid (unos 1.000 teléfonos), Barcelona (unos 500) y Las Palmas de Gran Canarias (unos 400), según los datos del operador.
La CNMC ha emitido este año dos informes recomendando sacar las cabinas telefónicas del servicio universal de telecomunicaciones. En marzo pasado destacaba que el eurobarómetro del 2014 indicaba que el 88% de los españoles nunca había utilizado una cabina, una cifra similar a la media europea.
El informe aseguraba que el operador (Telefónica) “está llevando a cabo la desinstalación de cabinas para adecuarse al mínimo requerido, lo que indica la baja rentabilidad del servicio”.
En su informe del 24 de noviembre pasado, la CNMC consideraba “conveniente” que siguiera siendo Telefónica la que prestara los servicios en caso de que el concurso se declare desierto. Pero al mismo tiempo reconoce que la compañía española líder de telecomunicaciones no se presentó al concurso anterior “porque no quiere continuar la prestación de este servicio”, por lo que Competencia recomienda que el plazo de adjudicación sea de un año y no de tres como señalaba el borrador de la orden ministerial que se sometido a consulta. Fuentes conocedoras de la próxima orden ministerial señalan que el plazo de adjudicación será de un año.
El periodico