El sorprendente anuncio, realizado por el ‘conseller’ de Salut, Antoni Comín, sobre la eventual oferta de compra del Hospital General de Catalunya (HGC), por parte de la Generalitat, no alterará los planes de desprivatizar la actividad que la Conselleria de Salut contrata al centro privado, propiedad del grupo alemán Fresenius Helios. Así lo aseguran fuentes de Salut. El centro asume 6.252 actos médicos anuales por los que en el 2015 recibió 13,5 millones de euros del Servei Català de la Salut (CatSalut). El contrato que sostiene esa vinculación concluye el próximo 31 de diciembre, momento en que, de proseguir los planes previstos, Salut debería transferir parte de esa actividad -no la radioterapia ni la hemodinamia- al Hospital de Terrassa y al Consorci Sanitari de Terrassa. El HGC construyó en su día un búnker de radioterapia específico para tratar en él a los pacientes oncológicos que le derivaría la sanidad pública, una circunstancia que ahora complica la pretensión desprivatizadora de Comín.
El titular de Salut ha cifrado en entre 50 y 55 millones de euros la oferta de compra del HGC, y ha explicado que la adquisición incluiría no solo el edificio y el equipamiento, sino la absorción contractual de los 1.200 trabajadores del hospital. Estos, ha dicho Comín, “mejorarían sus condiciones” al pasar del convenio de la sanidad privada al público. Fuentes de la Conselleria de Economia han asegurado que el plan estaba previsto y autorizado por el ‘vicepresident’, Oriol Junqueras.
Tanto Quironsalud, que transitoriamente sigue respondiendo por el HGC -ahora de Fresenius- como las instituciones públicas del Vallès, han asegurado desconocer la oferta de Salut y los planes descritos por su máximo responsable. “No hay posibilidad de estudiar ni analizar algo que no existe”, se han limitado a decir.
Comín ha argumentado su oferta de compra del HGC en el hecho de que su coste -los 50 millones de euros indicados por él mismo- sería inferior al de construir dos nuevos hospitales generales para Rubí y Cerdanyola del Vallès, donde, ha dicho, “el mapa sanitario hace años que dice que faltan”.
La propuesta de construir esos dos centros, ideada durante el Gobierno de José Montilla por la titular de Salut, Marina Geli, quedó congelada cuando Artur Mas se incorporó a la presidencia de la Generalitat, en el 2010, lo que coincidió con el inicio de la crisis económica. Las razones para tal aplazamiento no fueron únicamente económicas sino estructurales. Se consideró que Catalunya dispone de una suficiente red de hospitales públicos y se optó (época del ‘conseller’ Boi Ruiz) por reorganizar la actividad que debía asumir cada uno de ellos. La frase “no es necesario que cada ciudadano tenga un hospital a cinco minutos de su domicilio” se hizo lugar común entre los gestores de la sanidad pública catalana y la construcción de los hospitales de Rubí y Cerdanyola quedó aparcada.
La alcaldesa de Sant Cugat, Mercé Conesa (PdC, antes CiU), no obstante, nunca ha dejado de reclamar un nuevo hospital público para ese municipio, más Rubí y Castellbisbal, donde viven unas 200.000 personas. El centro dispone de proyecto de obras y tiene nombre: Hospital Vicente Ferrer, y su coste se fijó en unos 45 millones de euros. Estos planes, también reclamados por la alcaldía Rubí, se paralizaron en el 2011. Comín no ha puntualizado ahora si los hospitales de nueva construcción anunciados se incorporarían a la red del Institut Català de la Salut (ICS) -que cuenta con ocho- o si se constituirían en empresas públicas concertadas.
El HGC fue excluido del Sistema Sanitari Integral d’Uutilització Pública de Catalunya (Siscat), en la pasada primavera, condición que se le concedió durante el primer mandato de Mas.
La adquisición desde Salut del HGC, y su conversión en un hospital general dotado de todas las especialidades médicas, sí supondría un alivio asistencial para el Hospital Parc Taulí de Sabadell, la Mútua de Terrassa y el Consorci Sanitari de Terrassa, centros encargados de asumir la actividad que la Generalitat deja de contratar a la Clínica del Vallés y al propio HGC.
La propuesta de Comín ha coincidido con el anuncio de movilizaciones por parte de la Junta Facultativa, la Asociación Profesional de Facultativos del Hospital General de Catalunya y CCOO, que prevén protestar por la salida de ese centro del Siscat.
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