Si de los plenos del Tribunal Constitucional se acostumbran a esperar pocas sorpresas cuando abordan cuestiones relativas al proceso soberanista, en el de este lunes, que estudiaba elnuevo desafío del Parlament del pasado miércoles, aún menos. Y expectativas cumplidas. Así, el TC ha acordado suspender por unanimidad la ratificación en el Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.En un cónclave extraordinario y que ha durado apenas una hora, el TC ha admitido a trámite el incidente de ejecución de la sentenciapresentada el pasado viernes por el Gobierno. Se dan ahora 20 díasa las partes para que formulen las pertinentes alegaciones.
Es decir, el Alto Tribunal se da esas casi tres semanas (podrían haber sido menos, es decir, han corrido, pero no esprintado) para que la presidenta del Parlament,Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, expliquen el cumplimiento por su parte de la sentencia del 2 de diciembre de 2015 y el auto del pasado 19 de juliodel TC.A la presidenta del Parlament, por tanto, se le respetan sus próximas vacaciones en Etiopía, a pesar de los gritos de horror proferidos desde algunas instancias que hacían pensar que en lugar de asueto, Forcadell se iba hasta África para ocultarse cual Ronald Biggs, el asaltante del tren de Glasgow, en Brasil.
Según el Gobierno y el propio TC, la comisión del proceso constituyente (y sus conclusiones) derivan de la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015, que fue suspendida, a su vez, ese 2 de diciembre. Y por eso se advirtió el 19 de julio de que, de votarse, se iba a cometer una ilegalidad. No será hasta que se reciban y analicen los informes de la Mesa (cabe recordar que el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, cargó duramente la semana pasada contra la presidenta) que el TC no tomará, si procede, medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, como solicitó el Gobierno en funciones contra Forcadell por el incumplimiento de las resoluciones.
El TC ha acordado notificar personalmente a Forcadell y al ‘president’ Carles Puigdemont, junto al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, su eventual responsabilidad,incluso penal, si ignoran esa suspensión.
A media tarde de este lunes, el ‘president’ Puigdemont ha respondido vía Twitter al pleno del TC. Y ha dejado claro que el choque de trenes parece inevitable: “Obedeceremos. Claro que sí.Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un estado libre, moderno y próspero” ha escrito. Poco antes, Puigdemont, a modo de reflexión también había apuntado: “Obedecer un Parlament escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza”.
La ‘consellera’ de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado que las conclusiones “no vulneran” la Constitución. Y es que el argumento de los independentistas es que dichas conclusiones no derivan de la declaración del 9 de noviembre, sino del 27-S, porque en los programas electorales -que no fueron recurridos entonces- se explicitaban los pasos a dar.
La flamante coordinadora del PDC, Marta Pascal, ha ponderado que “de nuevo” se quebraba el “estado de derecho”, con la nula diferenciación entre los poderes del Estado. ERC y la CUP han señalado que no piensan acatar lo que diga el TC. El diputado de los republicanos en el Congreso Joan Tardà fue tajante: Nos mantendremos fieles al Parlament. Si hay que desacatar, desacataremos”. Mireia Vehí, de los anticapitalistas,ha aseverado que su fuerza “seguirá con el despliegue del proceso constituyente” y la también diputada Anna Gabriel ha advertido de que una eventual inhabilitación de Forcadell supondría un “punto de no retorno” y daría pie “a una respuesta de país”.
En la trinchera anti-independentista, el principal partido de la oposición en el Parlament, Ciutadans, ha cruzado intereses para insistir a PP y PSOE con que no “premien” a CDC/PDC con un grupo en el Congreso. Además, Espejo-Saavedra, a las órdenes de Forcadell en la Mesa, ha anunciado que presentará unas alegaciones ante el Constitucional en las que denunciará que la presidenta de la Cámara catalana “incumplió” su deber y permitió un “fraude de ley”.
Para Espejo-Saavedra, “es normal” que el TC haya suspendido las conclusiones y se plantee acciones contra Forcadell, porque “cuando cualquier ciudadano se salta las leyes los tribunales actúan”.
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