Ministerio libanés de Información
Primero, el Ejército. Después, miles de jueces, fiscales, algún gobernador y funcionarios de Interior, entre ellos policías. Ahora, profesores y trabajadores de los medios de comunicación. Y ya van unos 50.000. ¿Mañana?
La purga iniciada tras el fallido golpe de Estado en Turquía parece no tener fin. Así, las autoridades han anunciado el cese de 15.200 profesores y funcionarios del Ministerio de Educación. Además, el órgano rector de la educación superior ha pedido la salida del cargo a 1.557 decanos de universidades públicas y privadas de todo el país. A esto se suma la suspensión de licencias a 21.000 docentes de centros privados, según la prensa turca. Todos ellos estarían presuntamente relacionados con la cofradía del clérigo musulmán Fetullah Gülen.
La educación es uno de los sectores en los que el Hizmet (el movimiento religioso liderado por Gülen al que Ankara acusa de estar detrás de la fallida asonada) tiene mejor reputación. Sus tentáculos también se extienden a sectores como el Ejército, la magistratura o la prensa.
“Esta organización terrorista no tendrá una garra operativa en ningún país”, aseveró el primer ministro turco, Binali Yildirim. “Les enterraremos por completo para que ni una organización terrorista clandestina se atreva a volver a traicionar a nuestro bendito pueblo”, apostilló.
Los medios de comunicación tampoco han quedado libres de llevarse su ración de purga: 24 cadenas de radio y televisión han visto cómo el consejo gestor competente les retiraba la licencia de transmisión por su supuesta cercanía con los “gülenistas”. Mismo sino que han sufrido 34 periodistas a los que la oficina de comunicación dependiente del primer ministro ha retirado la tarjeta de prensa, sin la cual es ilegal operar en el país eurasiático.
A sumar al balance de despidos masivos conocidos este martes, otros 257 trabajadores de la oficina del primer ministro, así como 100 agentes de inteligencia y 492 trabajadores de la Dirección de Asunstos Religiosos.
Precisamente en ese órgano han asegurado que no ofrecerán exequias fúnebres ni rezos para los golpistas, excepto para aquellos que se demuestre que fueron forzados a participar sin saber de qué se trataba. En cuanto a los detenidos, el número asciende ya a 9.322.
Pero además de arrancar las raíces de la organización de Fetullah Gülen (a la que habitualmente se compara con una suerte de Opus Dei a la mahometana), Ankara está interesada en desmontar la cabeza del tinglado. Para esto, Turquía ha enviado a Estados Unidos este martes una petición formal de extradición de Gülen, quien vive en un exilio autoimpuesto desde 1999 en Pensilvania (noreste de EEUU) y que la Casa Blanca dice haber recibido ya.
“No sigáis protegiendo a este traidor, ya que no tiene beneficio alguno ni para vosotros, ni para la humanidad, ni para el islam”, dijo el primer ministro turco, Binali Yildirim, dirigiéndose a Washington, en declaraciones recogidas por la prensa local.
Durante una reunión de su grupo parlamentario en la que hizo público esta solicitud oficial, Yildirim subrayó que Turquía conoce quiénes perpetraron el ataque y aseguró que el Estado tiene pruebas concretas de los crímenes cometidos por Gülen. “Tenemos pruebas más que suficientes sobre Gülen. Más de las que podríais pedir”, le secundó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag. “No hay necesidad de demostrar la intentona golpista. Todas las pruebas muestran que el intento fuer organizado bajo su voluntad y órdenes”, apuntó el titular de Justicia. Ya antes del golpe, Turquía buscaba la extradición, solo que ahora, según una fuente de presidencia, con más motivos que nunca. De todo esto habló el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con su homólogo estadounidense, Barack Obama, durante una llamada telefónica efectuada por este último.
Gülen es un antiguo aliado de Erdogan y, desde diciembre de 2013, su némesis. Erdogan acusó al Hizmet de haber destapado un gran escándalo de corrupción que tocaba a varios miembros del gobierno del entonces primer ministro Erdogan y hasta a uno de sus hijos. Previamente, los miembros que esta cofradía tiene infiltrados en el aparato estatal habían cooperado en innumerables ocasiones en favor del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista), fundado por Erdogan.
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