Ministerio libanés de Información
Si no se pueden poner puertas al campo, algo muy parecido debería suceder en el mar, pero el Gobierno griego no parece tener esa opinión. En una controvertida e inesperada medida, el Ejecutivo de Atenas ha anunciado su intención de instalar vallas flotantes en el perímetro de las islas del Egeo, uno de los puntos más calientes de todo el continente por su proximidad con el litoral de Turquía. El plan prevé la instalación de unos 2.700 metros de bloques flotantes de 1,1 metros de altura en el norte de Lesbos, una de las ínsulas con más presión migratoria.
La finalidad del proyecto es eminentemente disuasoria, como lo revela la intensidad lumínica de las vallas, que podrán apreciarse desde la costa otomana, según ha desvelado el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas en una entrevista en la televisión privada ANT1. Petsas ha detallado que se trata de un proyecto piloto cuyo coste inicial alcanzará el medio millón de euros, una cifra muy alejada del desembolso final que comportaría extender la medida a todas las islas incluidas en las rutas de migrantes y refugiados.
Inviabilidad
Buen conocedor de la zona y del fenómeno, al fundador de Open Arms, Òscar Camps, no le salen las cuentas si se trata de blindar el acceso en los centenares de kilómetros de las islas habitadas del Egeo. Amén de las dificultades logísticas para su habilitación y mantenimiento. Para el proyecto piloto, el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis dice contar con la cooperación de Asociación de Armadores Griegos, que en su momento propuso ceder una decena de sus embarcaciones para que la Guardia Costera pueda alcanzar su propósito con mayores garantías. “Veremos si se consigue el resultado que deseamos”, ha dicho Petsas.
Para Camps, es una medida que no va a servir “para nada más que para causar más muertes” y que solo va a beneficiar a “los traficantes de personas y a la industria que se lucra con la militarización de las fronteras”. “El populismo xenófobo de tierra firme llega hasta el mar, siguiendo la espiral de las políticas criminales que convierten el Mediterráneo en una gran fosa común”, lamenta Camps.
La intención de Atenas es replicar la notable reducción de las llegadas que se está cosechando en la frontera terrestre con Turquía, donde el cemento y el alambre de espino se convierten en un obstáculo insalvable para muchos de los inmigrantes. Según cifras de ACNUR, la llegada de migrantes y refugiados a territorio griego por vía marítima se incrementó en un 83% el 2019 respecto al año anterior, al rondar las 60.000 personas.
Pero Camps cuestiona que en el mar el plan pueda llegar más allá de un proyecto piloto, al subrayar que la vulneración del “derecho de paso inocente” que recoge el Derecho marítimo lo convierte en una práctica a todas luces ilegal. En su opinión, es una medida inasumible a nivel económico, un efectismo destinado a agradar a los populismos xenófobos que proliferan en Occidente. “No va a disuadir a los inmigrantes, por más acorralados que se sientan los migrantes”, ha añadido. Y recomienda que ese dinero se invierta “en mejorar la situación en los países de origen y las de quienes ya están en suelo europeo, viviendo en condiciones inhumanas”.
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