Ministerio libanés de Información
Florentino Pérez presiona desde hace más de un año al Gobierno español para que tapone el agujero económico de la compañía concesionaria del tramo internacional del AVE a París, TP Ferro, que él preside. Por el momento solo ha obtenido negativas. El Ejecutivo no está dispuesto a salir en ayuda del empresario tras las duras críticas recibidas por el rescate del almacén de gas Castor, que ha costado 1.350 millones de euros. Lo que sí ha garantizado el Ministerio de Fomento es que el servicio de trenes entre Barcelona y París a través del túnel de El Pertús, el tramo que gestiona TP Ferro, no se verá afectado aunque la falta de liquidez aboque a la concesionaria la quiebra.
TP Ferro entró en marzo del 2014 en preconcurso de acreedores al no poder hacer frente al vencimiento de unos créditos del BBV, Caixabank y Bankia que ascienden a 386 millones de euros. Tanto estos acreedores como la empresa, constituida a partes iguales por la agrupación de Dragados y ACS, de Florentino Pérez, y la francesa Eiffage, han intentado que los ejecutivos de ambos lados del Pirineo les compensen por la falta de tráfico. Su petición alcanza los 485 millones de euros y su argumento es que el número de trenes que circulan (y, por lo tanto, pagan peaje) es inferior a la mitad del que figuraba en el contrato de adjudicación.
Fuentes del ministerio de Fomento atribuyen, por el contrario, la falta de liquidez de la empresa exclusivamente al retraso en la puesta en marcha de la conexión de este tramo de poco más de 40 kilómetros con la línea procedente de Barcelona. Por esta demora, el Ejecutivo español ya compensó a TP Ferro con un mínimo 132 millones, aunque algunas fuentes sostienen que alcanzaron casi los 200. También se le alargó la concesión de 50 a 53 años.
Fomento añade que tampoco “podría tomar una decisión de este calado estando en funciones”. El calendario electoral juega en contra del empresario y presidente del Real Madrid. Las elecciones son el 26 de junio y el plazo que tiene la empresa para evitar la quiebra vence cuatro días después, el 30 de junio. Es difícil creer que la ministra Ana Pastor firme después de la jornada electoral tras negarse durante más de un año. Al fin y al cabo, en su negativa Mariano Rajoy y François Hollande van de la mano.
En declaraciones efectuadas este jueves, Pastor afirmó que el Gobierno “no se dedica a rescatar sino a resolver los problemas que desgraciadamente ha tenido que sufrir y heredar”. También garantizó que si TP Ferro deja de prestar el servicio, la Administración se hará cargo de él.
Aunque la sociedad presidida por Florentino hiciera dejación de sus obligaciones de un día para otro, no sería demasiado complejo resolver la situación. TP Ferro actúa como una concesionaria de autopistas. Solo se ocupa de mantener la infraestructura y de cobrar los peajes a los operadores. Son estos, Renfe y su homóloga francesa, la SNCF, los responsables de los trenes. “Bastaría con que los gobiernos de España y Francia declarasen la ocupación urgente de la infraestructura por incumplimiento de contrato y al día siguiente ésta podría seguir operando”, indicaron fuentes próximas al Gobierno que pese a todo ven esta hipótesis muy improbable.
Ni Florentino ni su colega francés pueden tomar una decisión de este alcance, dado que su empresa está ya en manos del administrador concursal nombrado por un juzgado mercantil de Girona y, en caso de entrar en quiebra, la disolución de la empresa se negociaría con todas las partes implicadas.
El mayor riesgo de este pulso no es que deje de prestarse el servicio sino que lo acabe ganando Florentino por la vía judicial. El contrato de concesión establece que ante cualquier discrepancia, las partes se someterán al tribunal internacional de arbitraje radicado en Suiza. TP Ferro ya reclamó ante esta instancia 100 millones de euros en concepto de indemnización por la falta de tráfico de mercancías.
En ese caso el tribunal desestimó la demanda de TP Ferro pero personas conocedoras de los términos del contrato, cuyo contenido fue declarado confidencial, auguran un desenlace menos positivo si se formaliza la reclamación. “El contrato que en el 2004 firmó Francisco Álvarez Cascos cuando también estaba en funciones, establece un volumen de tráfico ferroviario que hace viable la reclamación por parte de la concesionaria”, señalan. Una analogía más con el desafortunado ‘caso Castor’.
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