Ministerio libanés de Información
La Administración de Donald Trump podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, mientras los recursos contra estas políticas se resuelven en los tribunales. El Tribunal Supremo ha tomado la decisión este miércoles por la noche, dejando en suspenso la decisión previa de un juez de California que había bloqueado la orden en todo el país. La directriz, anunciada el 15 de julio, deniega el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin haber solicitado allí el refugio previamente, lo que implica que la mayor parte de los centroamericanos deben hacerlo en México.
Con la única excepción de aquellos que han sido objeto de tráfico de personas o recibido el rechazo a su solicitud en otro país, la nueva política significa para miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, el cierre de la puerta estadounidense. Hondureños y salvadoreños tendrían que pedir el asilo en Guatemala y México; y los guatemaltecos, a su vez, en México. La medida se añade a toda una ristra de políticas que buscan reducir la entrada de migración legal e ilegal en Estados Unidos.
La decisión salió adelante en el Supremo, formado por nueve miembros, con la opinión discrepante de dos: las juezas progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor. “Una vez más, el Ejecutivo emite una orden que pretende anular prácticas de muchos años con respecto a los refugiados que buscan refugiarse de la persecución”, criticó Sotomayor. Para Trump, resultó un triunfo: “¡Gran victoria en el Tribunal Supremo sobre el asilo y la frontera!”.
Se trata del segundo gran respaldo que la Administración de Trump recibe del Supremo en batallas migratorias en pocos meses. El pasado julio, la más alta instancia judicial también apoyó el uso de fondos del Departamento de Defensa para construir parte del polémico muro con México, un desvío de recursos que Trump había logrado gracias a su declaración de emergencia nacional en la frontera, asunto también discutido en los tribunales. En unos meses, además, se pronunciará sobre otro frente muy delicado: si el Gobierno puede o no abolir el programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de personas, conocidas como dreamers o soñadores, que fueron traídos al país de forma irregular cuando eran menores de edad y han crecido en EE UU en un limbo administrativo.
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