Ministerio libanés de Información
Los 11,5 millones de documentos que integran los llamados ‘Papeles de Panamá’ la mayor filtración de documentos de la historia, ha provocado un calambrazo de dimensiones planetarias en cada uno de los 200 países vinculados a las 214.488 sociedades opacas que han escondido dinero y patrimonio en el país caribeño a lo largo de los últimos 40 años.
Además, el trabajo periodístico desarrollado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) -del que en España forman parte La Sexta y El Confidencial- vuelve a sacar los colores a todos los países
desarrollados al poner sobre la mesa la escandalosa existencia de paraísos fiscales que actúan como enormes agujeros negros de fraude fiscal en cuya opacidad se refugian políticos, millonarios, famosos y deportistas además de traficantes de armas, drogas y personas.
En la mayoría de los 200 países afectados, se han abierto investigaciones. En otros, se barruntan graves crisis políticas, una vez que los papeles salpican a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales, como los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente ucraniano, el de la URSS y el rey de Arabia Saudí.
En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por un posible delito de blanqueo de capitales que se haya podido cometer a través de la firma panameña Mossack Fonseca que actuaba de intermediaria para la creación de sociedades en Panamá, informa Margarita Batallas. La fiscalía no cuenta para su investigación con más información que la publicada en los medios de comunicación. Sin embargo, ha considerado oportuno abrir ya estas diligencias para centralizar la información antes de determinar la posible comisión de delitos de las personas que ocultaron su dinero en Panamá y los juzgados que serán competentes.
Esta investigación se suma a la anunciada por la Agencia Tributaria que ya está analizando “en profundidad” la presunta comisión de delitos de fraude fiscal por los alrededor de 2.000 contribuyentes españoles que aparecen en los papeles. La infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano o miembros de la familia Domecq son algunos de los españoles, junto al futbolista argentino del FC Barcelona Lionel Messi, cuyo nombre ha trascendido.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha afirmado que las leyes tributarias rigen para todas las personas por igual: «No hay excepción ni categoría o causa alguna para que esto no sea así». El ministro ha destacado la importancia de que se publiquen informaciones como los ‘papeles de Panamá’, puesto que considera que son “relevantes” para contrastar que cada vez hay menos refugios seguros en todo el mundo. La oposición en pleno ha pedido la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados.
En los citados papeles aparecen al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal en España. En principio, tener una sociedad o patrimonio en un paraíso fiscal (o territorio de baja tributación) no tiene por qué ser un delito, si su existencia y sus rendimientos se declaran en España.
La Agencia Tributaria analizará las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero para averiguar qué contribuyentes de los incluidos en los Papeles de Panamá sí habían declarado sus bienes a la AEAT y cuáles no.
Las sanciones ligadas a la no presentación del modelo 720 son elevadísimas; además, las deudas tributarias vinculadas a bienes en el exterior no declarados no prescriben nunca.
“Los papeles de Panamá desenmascaran el lado oscuro del sistema financiero global en el que bancos, abogados y profesionales de las finanzas utilizan empresas opacas para hacer operaciones monetarias ilícitas y corruptas”, afirma en un comunicado la organización Transparencia Internacional (TI). “Eso es algo que debe detenerse. Los líderes mundiales tienen que llegar a un acuerdo para prohibir las empresas opacas”, agrega el documento.
“Si los paraísos fiscales siguen existiendo y llevándose millones y millones es por falta de voluntad política, nacional e internacional”, critica la oenegé Oxfam Intermón metiendo así el dedo en la llaga de la hipocresía de muchos países occidentales que amparan estas prácticas. Según Oxfam, de la lista estadounidenses de paraísos fiscales, 21 están relacionados con la UE y 10 de ellos con el Reino Unido. También hay territorios dentro de EEUU que actúan como paraíso fiscal, como Delaware.
Según Oxfam Intermón, todas las firmas del Ibex 35 español, salvo Indra, poseían filiales en paraísos fiscales con datos del 2013 (810 filiales, en total). Además, se calcula que la inversión española en paraísos fiscales aumentó un 2.000% el año pasado y que alrededor de un tercio del PIB mundial se esconde en territorios opacos.
Para el comisario europeo de Asuntos Económicos , el francés Pierre Moscovici, la filtración de los llamados ‘Papeles de Panamá’ es “una excelente noticia” puesto que aporta “armas políticas” para decir “¡ya es suficiente!”.
Panamá es uno de los 30 países incluidos en la lista de paraísos fiscales que la Comisión Europea difundió en junio del 2015. Sin embargo, Panamá no es considerado paraíso fiscal para España después de que ambos países firmaron en julio de 2011 un convenio de doble imposición. Gracias a este convenio, Panamá debe proporcionar información tributaria a España, pero solo a requerimiento individualizado y si esa información es necesaria para investigar otros delitos distinto del fiscal (blanqueo de capitales, tráfico de armas u otros).
De ahí el escepticismo del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, para quien resulta “muy complicado” obtener información a través de este procedimiento. Sin embargo, Groba destaca que es muy fácil abrir una cuenta en un paraíso fiscal. “Ya no hay que desplazarse a las Islas Vírgenes para ocultar allí el dinero”, asegura. Sólo es necesario remitir por correo electrónico a un intermediario financiero de los que ofrecen sus servicios una copia certificada del pasaporte y un documento que especifique el domicilio con una antigüedad máxima de tres meses. “Vale incluso una factura de teléfono”, precisa Groba en declaraciones a Europa Press.
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