Ministerio libanés de Información
Más de 50.000 yihadistas procedentes de más de cien países viajaron en el último lustro a Siria, Irak y Libia para incorporarse a las filas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Y solo del Magreb salieron casi 7.000 combatientes, en una movilización sin precedentes. El regreso de los supervivientes a países como Marruecos, Túnez o Egipto supone una amenaza para esos países, pero también para la Unión Europea, según un estudio publicado este miércoles por el centro de análisis Egmont, de Bruselas, y la fundación alemana Konrad-Adenauer-Stiftung.
El informe, prologado, a título personal, por el coordinador europeo de la lucha contra el terrorismo, Gilles de Kerchove, advierte de que el retorno de los yihadistas magrebíes puede generar una inestabilidad en la región con potencial “impacto negativo en la seguridad europea”. Los analistas añaden que el riesgo de contagio se ve reforzado porque “la mayoría de los combatientes extranjeros procedentes de Europa son de descendencia norteafricana, lo cual refuerza los lazos de los círculos yihadistas a través del Mediterráneo”. Esa relación, añaden, “puede tener un impacto duradero en la seguridad de ambos lados”.
El documento recuerda que el contagio ya se produjo en anteriores oleadas de combatientes y vincula los ataques de Casablanca (2003) y Madrid (2004) a los grupos de marroquíes que se trasladaron a Afganistán tras la victoria de los talibanes en 1996 y a Irak tras la invasión de EE UU en 2003. En esta ocasión, advierte el estudio, el riesgo es aún mayor porque la movilización de combatientes magrebíes “ha sido posiblemente mayor que las anteriores, incluida la yihad antisoviética que se puso en marcha en Afganistán en los años 1980”.
Ahora que el autollamado Califato ha sido expulsado de su último reducto en Siria, muchos Gobiernos se ven ante el reto de afrontar el regreso de los supervivientes. Hay países que se niegan a acogerlos, como Holanda y Suiza. Otros están dispuestos a recibir a sus nacionales, pero tampoco dispone nadie de una fórmula mágica para detectarlos, procesarlos, detenerlos y… rehabilitarlos, en caso de que sea posible.
El estudio del centro Egmont y la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung se centra en cómo deberían afrontar semejante desafío los Gobiernos de Egipto, Túnez y Marruecos, países que suman por sí solos más combatientes extranjeros que toda la Unión Europea. Argelia no forma parte de la investigación porque el número de yihadistas que se alistaron con el ISIS es muy reducido, según los investigadores.
Kerchove subraya en el prólogo la cooperación existente entre las autoridades europeas y los países del norte de África, con apoyo para la seguridad en fronteras o mantenimiento y comprobación de las bases de datos de Interpol. Pero la UE se muestra dispuesta a aumentar su colaboración dado el riesgo que implican, en particular, los combatientes con doble nacionalidad, una de ellas europea.
De los tres países analizados en el informe, Marruecos aparece “con gran diferencia” como el mejor preparado para afrontar el regreso de los yihadistas. Marruecos ha tomado medidas legales al tiempo que reforzaba sus servicios de seguridad. Y, cosa única en el Magreb, ha iniciado programas de desradicalización en las cárceles. “En contraste”, señala el estudio, “Túnez y Egipto son mucho menos transparentes y sistemáticos en sus procedimientos”.
Marruecos es el país que aporta cifras oficiales más precisas sobre la situación: los marroquíes que viajaron a Irak y Siria entre 2013 y 2017 fueron 1.664, entre ellos 285 mujeres y 378 niños. De ellos, 596 murieron en combate o en ataques suicidas. Y volvieron 213. Entre ellos hay 52 mujeres y 15 niños. De los 200 retornados casi todos ellos han sido llevados ante la justicia y se encuentran ahora en la cárcel, con sentencias que van desde los 10 a los 15 años, según fuentes oficiales.
Marruecos reformó en 2014 la legislación antiterrorista e incluyó penas de entre 5 y 15 años y multas de hasta el equivalente a 45.000 euros para quienes se unan o traten de unirse a grupos armados no estatales, ya sea fuera o dentro del país. Esa ley resultó clave para abordar la situación actual. Además, la Administración puso en marcha en 2016 un programa dentro de las cárceles llamado Reconciliación (Moussalaha, en árabe) que apunta hacia la desradicalización e integración de los terroristas. Abarca tanto a los que nunca salieron del país como a los que combatieron fuera.
El estudio ensalza la “eficiencia” con que Marruecos lucha contra el terrorismo, pero indica que a excepción de Reconciliación, no hay otros programas de rehabilitación. “Y no hay nada específico para los retornados, que son tratados como el resto de los terroristas. Tampoco hay nada previsto para las mujeres y los niños”, señala. También advierte sobre las denuncias de tortura, recogidas por Human Rights Watch. Y añaden que Marruecos puede restringir libertades civiles en nombre de la lucha contra el terrorismo. “Varias ONG denuncian de forma cíclica el arresto de salafistas no envueltos en ninguna actividad terrorista”, señala el informe.
En cuanto a Egipto, el panorama es más sombrío. De entrada, no se sabe cuántos combatientes se marcharon ni cuántos volvieron, aunque fuentes no oficiales manejadas por la ONU estiman entre 350 y 600 los yihadistas egipcios desplazados al extranjero. No hay una legislación apropiada para abordar el regreso y los autores lamentan la falta de transparencia de las autoridades. Señalan, además, que predomina “la tortura y las confesiones forzadas”, y que las cárceles superpobladas se han convertido en centros donde se expande la radicalización.
El estudio señala que la forma que tiene Egipto de afrontar el regreso de los yihadistas no solo no previene la violencia sino que recrea y refuerza la misma dinámica que llevó a los yihadistas al extranjero.
Finalmente, Túnez es el país que más terroristas ha engrosado las filas del ISIS en relación con su población de 11,5 millones de habitantes. Las estimaciones oscilan entre los 7.000 desplazados a Siria, según la ONU y los 3.000 asumidos por las propias autoridades tunecinas. A eso habría que sumar también entre 1.000 y 1.500 alistados en Libia. La mayoría de los retornados -cifrados en 1.000 hasta marzo de 2018- han sido sentenciado a penas de cinco años, seguidos de un periodo de vigilancia de tres años.
El informe lamenta que Túnez solo haya abordado el problema centrándose en medidas de castigo. “Algunos retornados permanecen varios meses en prisión sin ser juzgados, mientras otros son puestos en libertad tras ser brevemente interrogados. Esto sugiere que la gestión del Gobierno de este asunto es a veces arbitraria y expuesta al azar”.
Finalmente, los investigadores recomiendan a todos los países, incluida la Unión Europea, “humildad y transparencia” para seguir afrontando el problema del regreso. Aunque cada país tiene su particularidad, el asunto trasciende las fronteras. “Cada nación ganaría compartiendo discusiones abiertas y buenas prácticas. Si los yihadistas del mundo pueden unirse, nosotros también deberíamos hacerlo”, señala el informe.
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