Ministerio libanés de Información
Un día después de los atentados que han dejado al menos 310 muertos y medio millar de heridos, Sri Lanka sigue en completa conmoción, bajo toque de queda, en estado de emergencia parcial y con algunas redes sociales bloqueadas. Ningún grupo se ha atribuido el baño de sangre, pero el Gobierno ha señalado a un grupo yihadista local, con conexiones internacionales, como responsable de los ataques. También ha reconocido que recibió avisos previos sobre planes de islamistas radicales para atentar en el país, algo que no impidió que se consumara la violencia.
“No creemos que estos ataques se hayan llevado a cabo solo por un grupo de personas de este país. Hubo una red internacional sin la cual estos atentados no se habrían producido”, aseguró este lunes el portavoz del Ejecutivo, Rajitha Senaratne, en una conferencia de prensa en la que responsabilizó al grupo National Towheeth Jama’ath de los atentados del domingo en tres iglesias y tres hoteles de lujo.
Este grupo, de nueva creación, era conocido hasta ahora por una ideología radical antibudista y haber perpetrado algunos ataques contra las estatuas de Buda repartidas por casi todo el país, en el que un 70% de los 21 millones de habitantes profesan esa religión. Pero hasta ahora nunca había atacado a personas, y mucho menos con este nivel de organización.
Ello hace pensar a las autoridades que los terroristas pudieron recibir ayuda internacional. El gobierno en Colombo pedirá ayuda a otros países para tratar de determinar las redes que pudieron asistirles. Interpol enviará un equipo; el presidente de EEUU, Donald Trump, ha prometido también asistencia. “Los informes de inteligencia (apuntan) que organizaciones terroristas extranjeras se encuentran detrás de los terroristas locales”, se afirma en un comunicado de la oficia del presidente esrilanqués, Maithripala Sirisena.
Pero si el dedo empieza a apuntar a un grupo sospechoso, también señala al propio gobierno srilanqués como responsable de una grave negligencia debido a sus problemas internos. El Ejecutivo ha reconocido que recibió avisos de los servicios de inteligencia extranjeros desde el 4 de abril sobre planes para atentar contra la comunidad cristiana y contra los turistas que cada vez acuden en mayor número a este país.
Pero, según el ministro de Sanidad Rajitha Senaratne, las desavenencias internas impidieron que las alertas llegaran a oídos del primer ministro, Ranil Wickremesinghe. Según Senaratne, el jefe de Gobierno no participa en las reuniones del Consejo de Seguridad, el máximo organismo para las cuestiones de inteligencia, a raíz de esas desavenencias.
No está claro qué acciones exactamente se tomaron -si es que se tomó alguna- tras recibir la información. Tampoco si el presidente del país llegó a conocerla, aunque el Consejo de Seguridad responde ante el jefe de Estado. Sirisena estaba fuera de Sri Lanka cuando ocurrieron los atentados.
Este lunes, ya con la presidencia de Sirisena, el Consejo de Seguridad mantuvo su primera reunión tras los atentados. “Como gobierno, tenemos que decir que lo sentimos mucho, muchísimo, y tenemos que pedir perdón a las familias y a las instituciones por este incidente”, ha declarado Senaratne.
El ministro de Telecomunicaciones, Harin Fernando, tuiteaba este lunes que “algunos funcionarios de inteligencia estaban enterados de esta incidencia. Por tanto hubo un retraso en la acción. Hay que emprender iniciativas serias para averiguar por qué se hizo caso omiso a esta advertencia”.
Por el momento, el Gobierno ha impuesto por segunda noche consecutiva un toque de queda, aunque ligeramente suavizado: de ocho de la noche a cuatro de la mañana, cuatro horas menos que en la noche del domingo.
Persisten también las dificultades para conectarse a través de algunas redes sociales -algo que, según los expertos, puede haber dificultado la localización de familiares y seres queridos-, después del “apagón” ordenado por el gobierno srilanqués para evitar la distribución de noticias falsas en torno a los atentados.
Esta medianoche entraba en vigor el estado de emergencia, que concede a la policía poderes especiales para detener e interrogar a sospechosos sin necesidad de una autorización judicial. Una vuelta a los tiempos de la guerra entre el ejército srilanqués y la guerrilla de los Tigres de Liberación de Tamil Elam, que durante 26 años controló de hecho el norte del país.
Por el momento, el gobierno asegura que ya ha detenido a 24 sospechosos: dos explosiones más pequeñas también el domingo, en una urbanización y en un hotel en las cercanías el zoo, se atribuyen a los intentos de huida de los terroristas. Y poco a poco se van teniendo más datos sobre el “modus operandi” de los autores, que recuerda relativamente -por su fijación en los hoteles y lo sangriento del ataque- al perpetrado por otra organización islámica, el Lashkar-e-Tayyiba, en Bombay en 2008, con un saldo de 164 muertos.
Una furgoneta presuntamente utilizada por los terroristas estalló este lunes en las cercanías de Saint Anthony, una de las iglesias atacadas en las afueras de Colombo, mientras la policía intentaba desactivar los explosivos en su interior. También se encontraban 87 detonadores en la estación de autobuses de Pettah, la mayor de la capital srilanquesa.
Los forenses han identificado los cuerpos de siete terroristas suicidas, y se ha anunciado finalmente el nombre del presunto autor del atentado contra el hotel Shangri-La como Insan Setiawan.
El Departamento de Estado de EEUU ha advertido de que “grupos terroristas” podrían estar planeando nuevos ataques, especialmente contra los lugares más turísticos, centros de conexión de viajeros, hoteles, lugares de culto religioso y centros comerciales.
Este martes, el gobierno ha declarado un día nacional en memoria de las víctimas de los atentados. Entre los 290 muertos se encuentran al menos 35 extranjeros, entre ellos dos españoles.
Esta cadena de atentados ha sido el peor ataque que ha sufrido Sri Lanka desde 2009, cuando terminó una guerra civil de 26 años décadas que enfrentó a la mayoría budista y a la minoría hindú tamil —segunda etnia del país concentrada en el norte y noreste—, y que causó 100.000 muertos.
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