Ministerio libanés de Información
Encarga al fiscal general, Geoffrey Cox, que resuelva el escollo de Irlanda del Norte.
Theresa May ha decidido que sean sus adversarios los que resuelvan la cuadratura del círculo. La primera ministra de Reino Unido encargó ayer a su fiscal general, Geoffrey Cox, un euroescéptico con ascendente en el ala dura del Partido Conservador, que dé con la fórmula jurídica que satisfaga a Bruselas y a los más ferreos defensores del Brexit y logre salvar el principal escollo en las negociaciones: el llamado backstop o salvaguarda para Irlanda.
El tiempo se agota para May, quien aún confiaba en cerrar un acuerdo del Brexit con Bruselas en una cumbre extraordinaria en noviembre. De ese modo, el Parlamento británico tendría tiempo para dar su visto bueno al pacto antes del receso navideño. Sería la vía para alejar el fantasma de una salida de la UE a las bravas cuando llegara la fecha definitiva, el próximo 29 de marzo.
Las posibilidades de alcanzar ese objetivo se presentan hoy muy remotas. Y el escollo principal, desde el principio de las negociaciones, sigue siendo el mismo: el llamado backstop, la salvaguarda para Irlanda exigida por Bruselas. Básicamente, la UE quiere evitar una nueva frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte que ponga en riesgo la estabilidad alcanzada en la zona tras los Acuerdos de Viernes Santo. La solución pasaba por mantener a Irlanda del Norte dentro del Mercado Interior y de la Unión Aduanera. Pero May hubiera cavado su fosa política con ese arreglo, que para sus enemigos significaba romper la integridad territorial de Reino Unido.
May propuso una alternativa: que todo el país, y no solo el Ulster, se mantuviera dentro del territorio aduanero de la UE durante el periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, e incluso algunos meses más. Los necesarios para cerrar un acuerdo definitivo sobre la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE. Los euroescépticos, sin embargo, no se lo iban a poner fácil a May. Su siguiente exigencia fue que Londres retuviera el derecho unilateral a salir de la Unión Aduanera cuando estimara conveniente. Su miedo, explicaban, residía en que esa permanencia “temporal” se convirtiera en indefinida y que Bruselas tuviera en todo momento el control de la situación. Ni la UE, ni específicamente el Gobierno de Irlanda, estaban dispuestos a aceptar esa exigencia, que hubiera convertido en papel mojado la garantía de un control fronterizo después del Brexit.
Pero ni unos ni otros quieren que las conversaciones acaben en fracaso. A través del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se le hizo llegar a May una concesión: Bruselas estaría dispuesta a aceptar un “mecanismo de revisión”, una intermediación independiente, que escuchara las razones de ambas partes ante un posible anuncio de abandono unilateral de la UE. Así que May ha trasladado al fiscal general, Geoffrey Cox, un político encantado de escucharse a sí mismo pero con una sabiduría legal acreditada, que trabaje contra el reloj en una fórmula jurídica que se adapte a la concesión de Bruselas y contente a los euroescépticos. Mientras tanto, la instrucción para el resto de ministros ha sido que no se vayan muy lejos, ante la posibilidad de que sean convocados de nuevo antes de que acabe esta semana.
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