Ministerio libanés de Información
Nada de lo que dice o hace Donald Trump en estos últimos días puede desvincularse de las elecciones legislativas que se celebran el próximo martes en Estados Unidos. Volcado en intentar conseguir que los republicanos mantengan el control de las dos Cámaras del Congreso y no sufran pérdidas significativas en carreras estatales, el presidente ha sacado en la campaña el armamento pesado que tan bien le funcionó para hacerse con la nominación del Partido Republicano primero y luego para llegar a la Casa Blanca. Ha recuperado la retórica apocalíptica, el discurso del miedo y la confrontación y las propuestas de línea dura, sobre todo en materia de inmigración.
Con su última idea, abolir usando el poder ejecutivo el derecho constitucional de ciudadanía para los hijos de extranjeros nacidos en EEUU, Trump ha conseguido de nuevo redirigir la conversación nacional hacia un tema que es uno de los principales movilizadores de las bases más conservadoras. Y da un paso más en una clara estrategia de objetivo electoralista. Habla incesantemente de la caravana de migrantes hondureños y de otros países centroamericanos que ha demonizado como una “invasión” y que, aunque avanza lentamente por México y está aún a miles de kilómetros de la frontera, califica de “emergencia nacional”. Y el lunes anunció el envío de 5.200 soldados en activo a esa frontera. Habrá más militares que migrantes (se calculan algo más de 3.000 en la caravana) y se elevará la presencia militar por encima de la que EEUU tiene en Siria e Irak
Sin recorrido legal
La mayoría de expertos constitucionales y de inmigración creen que la propuesta, que Trump ha explicado en una entrevista con el portal ‘Axios’, no tiene recorrido legal. La enmienda 14 de la Constitución establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de EEUU y del estado donde residen” y cambiarla necesitaría una acción del Congreso o el consenso de la mayoría de los estados. Y pese a que en la entrevista Trump ha dicho que asesores legales de la Casa Blanca estiman que puede alterarla unilateralmente con una orden ejecutiva, de hacerlo enfrentaría una batalla segura en los tribunales.
Puede que Trump y sus asesores crean que, con un Supremo ahora definitivamente controlado por los conservadores, pueden ganarla y lograr un sueño largamente acariciado por los extremistas en materia de inmigración, incluyendo los supremacistas blancos. Sería, en cualquier caso, una batalla larguísima. Y de momento Trump ni siquiera ha aclarado cuándo firmaría la orden, que ha usado mentiras para defender, como decir que EEUU es el único país donde se otorga ese derecho cuando en realidad lo reconocen al menos 33 naciones más.
Algunos republicanos han aplaudido y respaldado la propuesta de abolir la ciudadanía para los hijos de extranjeros nacidos en EEUU, a los que el presidente y los ultras tratan despectivamente como “niños ancla”, y el senador Lindsay Graham, por ejemplo, ha anunciado que presentará una iniciativa legislativa en el mismo sentido. Otros conservadores, no obstante, han negado que el presidente tenga la autoridad para dar el paso y Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, ha recordado que los republicanos criticaron a Barack Obama por usar el poder ejecutivo para cambiar las leyes de inmigración.
“Limpieza étnica”
Mayor ha sido la indignación entre políticos del Partido Demócrata y también entre activistas de inmigración y derechos humanos . Jess Morales Rocketto, presidenta del grupo Families Belong Together, ha dicho que la propuesta equivale a “limpieza étnica”. Desde la Unión Americana de Derechos Civiles Omar Jadwat ha acusado a Trump de “intentar sembrar division y agitar las llamas de odio contra los inmigrantes en los días previos a las elecciones”. Y Cristóbal Alex, presidente de Latino Victory Project, ha denunciado que es “un peligroso truco político”.
Para Trump, en cualquier caso, la polémica es un activo electoral y una forma de desviar la atención de los letales efectos de su incendiaria retórica, que el sábado cobraron forma en la matanza en una sinagoga de Pittsburgh, que este martes ha visitado pese a la reticencia de algunos líderes de la comunidad y con otros políticos evitando acompañarle. Y puede que esta sea otra de las promesas que no llega a materializar, como la que está realizando en campaña de un nuevo recorte de impuestos imposible, pues el Congreso no está en sesión, pero los precedentes dan miedo.
Durante su mandato ha separado a niños de sus familias cuando cruzaban la frontera, se está aplicando una política de “tolerancia cero” con la inmigración sin papeles, se ha reducido el número de refugiados que acepta EEUU y se propone dificultar el camino hacia la residencia o la ciudadanía a inmigrantes legales que hayan usado ayudas públicas.
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