Ministerio libanés de Información
Bruselas endurece la política migratoria para frenar el ascenso de la extrema derecho.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aprovechará el discurso anual del Estado de la Unión para lanzar este miércoles en Estrasburgo una profunda reforma de la política europea de migración y asilo, un área a cuya maltrecha gestión se atribuye en parte el ascenso de los populismos y la xenofobia.
Además del blindaje de las fronteras, la Comisión Europea aprobará un proyecto de directiva para acelerar la devolución de migrantes irregulares para acabar con la aparente inutilidad de las órdenes de expulsión. Bruselas calcula que en 2017 solo se ejecutó el 36,6% de las órdenes de devolución, un ratio muy bajo que según fuentes comunitarias alimenta la sensación de descontrol en la política migratoria.
La Comisión ofrecerá financiación europea para gestionar las devoluciones e, incluso, utilizará el ratio de retornos como uno de los criterios para repartir las jugosas partidas de la política migratoria que se esperan poner en marcha a partir de 2021. Bruselas ya ha propuesto un Fondo, dotado con 10.400 millones de euros para siete años, destinado en parte a aumentar el número de retornos efectivos.
Las propuestas de Juncker llegan el mismo día en que el Parlamento Europeo vota sobre una propuesta para someter a Hungría a una investigación basándose en el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite retirar el voto en las instituciones de la UE a los socios que violen los derechos fundamentales. El conflicto de Bruselas con el Gobierno húngaro de Viktor Orbán viene de largo, pero tiene de telón de fondo la crisis de los refugiados de 2015 y la negativa de Budapest a participar en el reparto de refugiados.
Orbán aboga por cierre de fronteras que evite cualquier entrada irregular en Europa, una tesis que gana predicamento en numerosos países europeos, desde Suecia a Italia, Alemania o Austria. La deriva autocrática del húngaro, sin embargo, ha disparado todas las alarmas y hoy, con toda probabilidad, se active que el Parlamento Europeo inste por primera vez a la aplicación del artículo 7.
Al mismo tiempo, sin embargo, Bruselas empieza a virar hacia una política de migración más dura para apaciguar a la opinión pública a solo ocho meses de las elecciones al Parlamento Europeo. El discurso de Juncker de este año dedicará gran espacio a la seguridad y la migración, al tiempo que se hará eco de lemas como “la Europa que protege” y la “recuperación de la soberanía europea”, esgrimidos por el presidente francés, Emmanuel Macron, para frenar a la extrema derecha de su país, liderada por Marine Le Pen.
El ambicioso programa que aprobará hoy la Comisión plantea 18 iniciativas, incluidos tres proyectos legislativos sobre migración. Entre éstos destaca la creación de una Guardia federal de costas y fronteras (con hasta 10.000 efectivos), la armonización de los procedimientos de asilo y una drástica aceleración en los procesos de devolución de las personas de terceros países que residan ilegalmente en el continente europeo.
La directiva de retorno pretende terminar con los largos procedimientos de expulsión, fijando un calendario preciso y estricto que podría resolver los trámites antes de seis meses, o incluso menos, en casos de flagrante irregularidad. Los procedimientos serán inevitablemente acelerados en el caso de personas que falseen sus datos o que procedan de países terceros considerados seguros.
El plan también otorga un papel preponderante en los retornos a la futura Guardia europea de Costas y Fronteras. Y prevé que parte del coste corra a cargo del presupuesto comunitario.
Aun así, la cesión de soberanía que supone la creación de una policía supranacional levanta suspicacias en los países con frontera exterior como España. “La música suena bien pero tenemos que ver los detalles”, ha señalado cauteloso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, durante una visita este martes al Parlamento Europeo.
Fuentes comunitarias esperan en que el plan supere las dificultades y confían, en particular, en que el gobierno de Pedro Sánchez se sume a un proyecto de policía que hasta ahora había sido objetado por España. Las mismas fuentes aseguran que los efectivos solo se desplegaran cuando se detecte que un país atraviesa dificultades para controlar los flujos migratorios. Pero según el proyecto legislativo, el Consejo de la UE podrá calibrar esas dificultades y desplegar la Guardia europea aunque el país intervenido no curse una petición.
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