Ministerio libanés de Información
Un reporte reciente de la organización estadounidense Human Rights Watch ha denunciado que «la persecución incesante de inmigrantes impulsada por el gobierno de Donald Trump» ha provocado que organizaciones de EE. UU. apelen a la educación masiva para informar a estas comunidades cómo proteger sus derechos.
Señala el informe que en un contexto en el que las detenciones de inmigrantes en el interior de Estados Unidos aumentaron un 40 % durante el último año, los abogados inmigratorios afirman que no llegan a preparar adecuadamente a las familias en riesgo de deportación para que defiendan sus derechos. Otras fuentes señalan que el aumento es del 45 %.
Añade que el aumento reciente en las detenciones inmigratorias en el interior del país implica que miles de personas que tienen vínculos arraigados con EE. UU. están siendo deportadas de su hogar y su familia como resultado de la aplicación de leyes que no toman en cuenta realmente esos lazos. De acuerdo con informes recientes, los más afectados son los mexicanos, centroamericanos, haitianos, africanos y de otros países del Tercer Mundo, aunque los europeos y asiáticos no escapan.
Apunta el documento que en el plano político, esto exige que el Congreso y el presidente tomen medidas para revertir leyes y políticas perniciosas. Sin embargo, las noticias recientes señalan todo lo contrario, pues la administración tiende a cerrar cualquier opción, empeñada en erigir un muro en la frontera con México, mientras construye uno más amplio a lo largo de todo el mundo con políticas restrictivas a la emigración hacia EE. UU.
En los últimos meses, las autoridades norteamericanas han detenido, iniciado procedimientos de deportación y expulsado a varios activistas de los derechos de los inmigrantes, incluyendo a un titular del permiso de residencia estadounidense y a un dreamer (inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. cuando eran niños).
La campaña We Have Rights (Tenemos Derechos) incluye cuatro videos, basados en experiencias de la vida real de comunidades de inmigrantes con instrucciones «sobre qué derechos tienen los inmigrantes cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) golpea a su puerta, ingresa en su vivienda, intercepta a un inmigrante en su comunidad y detiene a un miembro de una comunidad de inmigrantes».
Denuncia la organización estadounidense que, «en lugar de deportar a tantos no ciudadanos con profundos lazos en EE. UU., el gobierno del país y el ICE deberían reformar el sistema de inmigración y tomar medidas urgentes para controlar sus abusos. El sistema tiene demasiados caminos que conducen a la deportación automática, y ni de lejos los suficientes que permitan que las personas cuyas vidas enteras están arraigadas en EE. UU. puedan quedarse».
Human Rights Watch también ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por no responder adecuadamente a un pedido presentado al amparo de la ley de acceso a la información pública, sobre violaciones de derechos humanos cometidas por agentes fronterizos. Los documentos aportan detalles sobre múltiples casos de intimidación y abuso verbal e incluso físico por parte de los citados funcionarios contra personas que intentaban llegar a territorio norteamericano.
Esta semana se conoció que el marcado crecimiento de los arrestos con fines de deportación ha incrementado a más de 650 000 el número de casos acumulados en las cortes migratorias estadounidenses, por los retrasos que ocasiona la elevada cifra de detenidos y los complejos trámites legales, lo que tiene en jaque a los jueces migratorios norteamericanos, a quienes les están exigiendo más rendimiento a costa de errores e injusticias, que preocupan a las organizaciones humanitarias.
Un reporte de la agencia AP señala que les están poniendo indicadores de eficiencia a los jueces, a quienes les exigen procesar más de 560 casos al año, porque menos de esa cifra sería calificado como un resultado no satisfactorio. El Departamento de Justicia considera que los jueces deben completar un total de 678 casos al año como promedio para poder dar solución al actual atraso.
Las noticias recientes tienden a complejizar aún más este escenario, pues Trump afirmó que no habrá acuerdo sobre el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia, más conocido como DACA, e instó a los republicanos a adoptar duras leyes migratorias, dada su mayoría en el Congreso.
Igualmente sugirió a los congresistas de su partido usar recursos legislativos extremos para aprobar sus proyecciones restrictivas antinmigrantes.
Al mismo tiempo amenazó a México con eliminar el Tratado de Libre Comercio si no incrementa su seguridad fronteriza.
El garrote sin zanahoria, la amenaza imperial, el chantaje y la persecución, la violación flagrante de derechos humanos son prácticas cotidianas del «nuevo momento americano» que ofrece el magnate presidente, y que cada vez es más cuestionado dentro y fuera de Estados Unidos.
Autor: Francisco Arias Fernández |granma.cu
