La comisión del Pacto de Toledo reunida este miércoles ha sido el escenario de las tensiones partidistas a propósito de las pensiones. Mercé Perea, representante del PSOE ha presentado una protesta formal por el anuncio, al margen del Pacto de Toledo y del diálogo social, de la ministra Fátima Bañez sobre el aumento de los años cotizados para calcular la pensión. Este argumento ha sido utilizado asimismo por el PP para atacar la propuesta Pedro Sánchez de establecer un impuesto a la banca.
“Hasta que Pedro Sánchez no ha puesto encima de la mesa un papel negro sobre blanco, aquí nadie se ha puesto nervioso”, ha afirmado Perea tras la reunión, en la que también ha tachado de “frívolas” las declaraciones de la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, instando a los jóvenes a ahorrar dos euros diarios para su futura pensión.
Perea ha pedido que la propuesta se presente formalmente en la comisión y que cualquier otra que se tenga en cuenta vaya apoyada por una valoración económica.
Aclaraciones
Su oponente del PP, Gerardo Camps, ha reconocido que la necesidad de aumentar el cómputo de años más allá de los 25 que se exigirán en el 2022 ya figura en las actuales recomendaciones del Pacto, y ha aclarado algunas de sus consecuencias. Así, los trabajadores con carreras largas de cotización (alrededor de 35 a 40 años) podrían tener la opción de descartar un número de años que consideren les pueden perjudicar en el cálculo de la pensión. La aplicación sería gradual, como ahora está siendo la ampliación de la edad de jubilación y periodo de cómputo.
La voluntariedad de la que habló Báñez se acotaría, según las palabras de Camps, a que el trabajador decida si le aplican el nuevo cálculo al inicio de su jubilación o gradualmente. Sin embargo, el PP sigue sin aclarar si la resta de años desfavorables sería al comienzo, al final o en medio de la carrera laboral.
Bañez habló de los años finales en el caso del trabajador despido casi al final de su carrera laboral y que ha tenido que hacerse autónomo y cotizar por el mínimo que marca este régimen especial. Sin embargo, es al inicio de la carrera laboral cuando se cotizan por bases más bajas puesto que los salarios son también menores.
Apoyos al Gobierno
De momento, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y los partidos Ciudadanos y PDECAT han salido en defensa de la idea del PP. Lorenzo Amor, presidente de ATA, calcula que la medida mejoraría “entre un 12% y un 15%” la pensión media de jubilación de los autónomos. En su opinión, siempre que sea voluntaria y se aplique cuando sea “rentable”, se trata de una “buena medida”.
Para Toni Roldán, portavoz de Ciudadanos, la iniciativa de Báñez es “positiva” y “de justicia”, aunque ha señalado otros temas más prioritarios: la falta de ingresos de la Seguridad Social y la precariedad laboral.
“La ministra debería haber sido más prudente, porque lo que comentó formaba parte de los trabajos de la comisión”, ha sido la réplica de Carles Campuzano, portavoz del PDECAT, que ha pedido a Bañez “primar la capacidad de que el Pacto de Toledo pueda hacer su trabajo y no introducir elementos de polémica”.
Este grupo apoya inicialmente la idea pero enfatizando su gradualidad y voluntariedad.
Los sindicatos CCOO y UGT prosiguen con su campaña por unas pensiones dignas para lo que este jueves se concentrarán ante el Congreso. Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO exigido al Gobierno que plantee este asuntos donde debe, en la mesa de diálogo social sobre pensiones y la Comisión del Pacto de Toledo, foros en los que debería abordarse compromisos “claros” de financiación del sistema y la corrección de los efectos negativos de la reforma del 2013.