El ayuntamiento rescinde el contrato de las obras de las Glòries sin el aval de la oposición

Glòries se quedará dentro de un mes sin grúas, sin operarios, sin petos, sin polvo. Pero con el túnel a medio construir y un enorme perímetro vallado. Inerte. Las obras quedarán detenidas porque así lo ha decidido el gobierno de Ada Colau, que no ha encontrado la manera de ponerse de acuerdo con las empresas constructoras para seguir con el proyecto de una manera solvente y sostenible, en el tiempo y en lo económico. Barcelona en Comú tirará adelante sin el aval del pleno municipal, que en una comisión extraordinaria de Urbanismo ha votado este lunes en contra de rescindir el contrato firmado en marzo del 2015. Un combate político que ha tenido escaso argumentario técnico.
El director de BIMSA, Ángel Sanchez, ha tenido a bien desgranar los detalles de la hoja de ruta del consistorio. En las próximas semanas está previsto que se terminen dos colectores y que se asegure toda la zona. Las empresas deberán llevarse toda la maquinaria para que la nueva ‘zona cero’ de la plaza quede vacía, con la regulación del tráfico tal y como está a día de hoy. En paralelo, empezará la tramitación del nuevo proyecto ejecutivo, que dará paso a la licitación y al concurso público para escoger nuevas constructoras (las ‘expulsadas’ podrán volverse a presentar). Si todo sale según lo previsto, el trajín regresará al centro metropolitano que soñó Ildefons Cerdà en enero del año que viene para terminar el 40% de galería pendiente. Y si todo sale todavía mejor, el túnel entre Castillejos y Badajoz estará terminado a principios del 2020.
SEGÚN SE MIRE
Para que eso suceda, el nuevo contrato pondrá un precio de salida de cerca de 40 millones de euros, con lo que el montante total ascenderá a 83 millones de euros, 23 más de lo prometido por la actual unión temporal de empresas, que forman Comsa, Copisa, Benito Arnó e Hijos y Rogasa. El problema, según ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, es que estas constructoras habían anunciado un sobrecoste total de la obra del 60%, lo que habría cerrado el coste en 96 millones de euros. Así las cosas, uno puede pensar que la ciudad se ahorrará 13 millones o que pagará 23 de más. En cualquier caso, según Sánchez, el plan es factible, aunque hay que pasar por debajo de los túneles ferroviarios, uno de los puntos más delicados de todo el proyecto.
“No es esperable y creo que no sucederá que tengamos imprevistos debajo de las galerías de Adif”, ha asegurado el responsable de BIMSA. Hasta la fecha, los hallazgos de estructuras urbanísticas anteriores y de colectores que no aparecían en el proyecto ejecutivo han lastrado la obra vigente, hasta el punto de que una auditoría estableció un sobrecostes de 12 millones de euros y un retraso de 19 meses.
DAÑOS Y PERJUICIOS
El ayuntamiento ha avanzado que reclamarán daños y perjuicios (no han querido detallar la cifra) a las empresas ‘expulsadas’, que hasta la fecha se han defendido asegurando que les ha tocado ejecutar “un proyecto distinto al inicial”. Las empresas implicadas siguen apostando por la negociación, aunque no descartan la vía judicial si es el propio ayuntamiento quien les demanda y les extraña la decisión del gobierno que consideran que saldrá “más cara que modificar el contrato”.
La decisión final de rescindirlo la ha tomado el consejo de administración de BIMSA-en el que el gobierno tiene mayoría-, con 11 votos a favor, tres en contra y una abstención. No ha sido igual de triunfal el paseo de Sanz por la comisión extraordinaria de Urbanismo, donde el gobierno ha perdido por 22 votos a 18 y una abstención.
El debate ha sido duro; incómodo para Barcelona en Comú. Con los grupos de la oposición coincidiendo en la idea de la improvisación, de la incompetencia. Quizás el gobierno, al margen de su vocación de diálogo, no tenía previsto perder esta votación. Por parte del grupo Demòcrata, Jordi Martí ha acusado al gobierno de “mala gestión” y ha insistido en la idea de la falta de información y transparencia. También se ha alineado con las empresas al asegurar que un nuevo contrato saldrá más caro.
EL 3%, A ESCENA
Alfred Bosch ha sostenido que los vecinos están “estupefactos” ante lo que está sucediendo y también ha sembrado veladas dudas sobre la capacidad de control de la obra por parte del actual equipo de gobierno. Se ha ido calentando, hasta asegurar que Esquerra “no será cómplice de la incompetencia” de Barcelona en Comú. Maria José Lecha (CUP) ha insistido mucho en que una de las empresas está implicada en la financiación ilegal de la antigua CiU. Mientras que el PP y Ciutadans han lamentado que el voto de la comisión no fuera vinculante y han afeado a Sanz que intente que los grupos “asuman colectivamente este fracaso”.
Cerraba los turnos de palabra el concejal Daniel Mòdol (PSC). Él, arquitecto y urbanista, fue el primero en dibujar las nuevas Glòries tras el compromiso adquirido con los vecinos en el 2007. Hoy preside la comisión de Urbanismo. Otro detalle delirante de lo que está pasando con esta plaza.
El periodico