La Generalitat desvió a la escuela concertada 81 millones de guarderías públicas

Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros. El grueso de las partidas económicas reservadas por la Conselleria d’Ensenyament para financiar el servicio de guardería que prestan los ayuntamientos catalanes acabó siendo derivado, tanto en el 2012 como en el 2014, en plena crisis económica, a los conciertos educativos, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos de la Administración para escolarizar a sus alumnos. Así lo reconoce la misma ‘conselleria’ (entonces dirigida por la convergente Irene Rigau) en una carta registrada el pasado 11 de octubre y enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El documento, que lleva la firma de la actual directora de servicios de Ensenyament, María Dolores Salgado, admite que aquellos dos años se realizaron sendas modificaciones de presupuesto de manera que la consignación económica inicialmente destinada al “funcionamiento de las guarderías municipales” fue reasignada a la partida de “conciertos educativos”, concretamente “para el pago de la nómina delegada” de sus trabajadores.
En el 2012, la medida afectó a prácticamente el 90% de los casi 47,6 millones presupuestados. En el 2014, el desvío de fondos a la concertada fue del 86,6% de los 45 millones de euros que Ensenyament había previsto en un principio para los parvularios de titularidad municipal. El resto del dinero fue destinado a pagar servicios de conexión a internet para las escuelas (cuatro millones) y a las costear las convocatorias de programas de formación e inserción de corporaciones locales, empresas privadas, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro (otros dos millones).
PARTIDA ELIMINADA
En el 2015, la partida para los parvularios municipales desapareció definitivamente de los presupuestos del departamento, después de que la Generalitat acordara con las cuatro diputaciones provinciales que estas últimas asumieran el pago de esta subvención.
La documentación a la que ha tenido acceso este diario forma parte de la causa que está instruyendo la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, a raíz de la demanda colectiva presentada hace tres años por una treintena de pequeños ayuntamientos después de que la Generalitat les retirara las ayudas para escolarizar a los alumnos de entre cero y tres años.
“Lo que se está demostrando con este traspaso de fondos entre partidas presupuestarias es que la Generalitat antepuso y priorizó su lealtad hacia unas empresas privadas, las que gestionan los colegios concertados, por encima de su lealtad hacia los ayuntamientos, con los que también tenía compromisos”, lamenta Arnau Funes, concejal en el Ayuntamiento de Cornellà por Entesa per Catalunya y diputado provincial por Barcelona. Esos impagos, que en el 2013 se intentaron compensar mediante una ampliación de presupuesto de 11 millones, “han originado graves problemas a los ayuntamientos”, denuncia Funes.
“Si las escuelas que imparten la etapa de cero a tres años funcionan en Catalunya es gracias a los esfuerzos que han hecho los ayuntamientos, que han asumido estos costes a veces en detrimento de otros servicios municipales”, subraya Esther Niubó, diputada del PSC en el Parlament y portavoz de su grupo en la comisión de Educación.
Niubó y Funes, y otros miembros de sus formaciones políticas en la Diputación de Barcelona y en el Parlament, mantuvieron el viernes pasado una reunión con representantes de algunos de los consistorios demandantes, entre ellos Santa Coloma de Gramenet, Sant Celoni y Camprodon.
LA RÉPLICA DE ENSENYAMENT
En aquella legislatura, ha precisado Ensenyament, “el contexto económico del momento, de graves restricciones, hizo aconsejable que se dejaran de pagar algunas subvenciones para priorizar el pago de servicios básicos, y entre esos servicios básicos estaban las nóminas de los profesores que impartían enseñanzas obligatorias”, ha indicado una portavoz.
La misma interlocutora ha afirmado que la medida se adoptó, entre otras razones, porque Catalunya dejó de recibir en torno a 70 millones de euros, procedentes de las arcas del Estado, para financiar la educación de cero a tres años, que no es una etapa escolar obligatoria. Sí lo son, en cambio, ha recordado la ‘conselleria’, las etapas educativas que se imparten en los centros concertados que forman parte del sistema educativo catalán.
“El argumento de que se dejaron de pagar las guarderías porque Madrid dejó de enviar dinero no deja de ser una mala excusa: la educación infantil es competencia, en su integridad, de la Generalitat”, apostilla la diputada Niubó. La partida que el Gobierno central enviaba a las administraciones autonómicas para que subvencionaran los parvularios, recuerda la socialista, la había implantado José Luis Rodríguez Zapatero unos años antes de que fuera suprimida por el PP, que alegó para ello razones de falta de presupuesto.
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