Ministerio libanés de Información
Decantado desde hace tiempo hacia el flanco judicial, el proceso independentista ha rebasado este lunes otra meta volante con un resultado distinto al que pedía la fiscalía y alejado también de lo que reclamaban las defensas. Artur Mas ha sido condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia por impulsar la celebración de la consulta del 9-N del 2014 pese a la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) y ha sido absuelto del delito de prevaricación, razón por la que los 10 años de suspensión que reclamaba el ministerio público se han visto considerablemente reducidos. La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condena también por el mismo motivo a un año y nueve meses de inhabilitación a la ‘exconsellera’ de Presidència Joana Ortega y a un año y medio a la ‘exconsellera’ de Ensenyament Irene Rigau.
El fallo de la terna de magistrados que presidía Jesús María Barrientos se ha producido por unanimidad un mes después de que tuviera lugar el juicio. El tercer poder se ha ahorrado así cualquier conato de discrepancia y ha evitado que el Tribunal Supremo se le adelantara con la sentencia del ‘exconseller’ y diputado a Cortes Francesc Homs, juzgado en Madrid también por el 9-N pero tres semanas después que Mas, Ortega y Rigau. Siguiendo estos tempos, el TSJC marca un mayor perfil propio y dota de mayor independencia –cuanto menos, simbólica– a su veredicto, según el cual el expresidente de la Generalitat “nada hizo” para suspender o paralizar la consulta alternativa “a pesar de tener un perfecto conocimiento del contenido y efectos” de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre del 2014. Con esa actitud, añade, “pervirtió los principios de la democrácia básicos para la convivencia pacífica”.
Mas, quien alegó en el juicio que fueron los voluntarios quienes ejecutaron el “proceso participativo” tras haberlo ideado su Ejecutivo, ha reiterado que recurrirá contra cualquier fallo inculpatorio en todas las instancias posibles, incluido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Tribunal Supremo y el TC no le dan la razón, que es lo que él se espera. “Condenados un poco, sí, pero arrodillados, de ninguna manera”, ha proclamado el exmandatario nacionalista en una rueda de prensa en la sede del PDECat.
Desde ese atril ha aprovechado también para lanzar otro dardo al Estado al reiterar que lo volvería a hacer y denunciar que “la ley no es igual para todos en España” porque “el Gobierno español se ha hartado supuestamente de desobedecer sentencias firmes del TC” y no ha pasado nada”. “España es una democracia amputada que persigue a la gente por sus ideas”, se ha despachado. Junto a él, el actual ‘president’, Carles Puigdemont, ha dejado un aviso a propios y extraños. “A cada dificultad, este compromiso [con el ‘procés’] sale reforzado”.
“CARRERA EMBLEMÁTICA”
En la misma línea que sus superiores se ha expresado la ‘exconsellera’ Rigau, quien ha acusado al Estado de querer frenar la “carrera emblemática” del expresidente Mas. Nadie duda de que ella podrá seguir en su escaño del Parlament representando a Junts pel Sí porque fue elegida antes de la sentencia. En cambio, el panorama se nubla aún más si cabe para el exlíder de CDC y ahora del PDECat, pues pese a que la condena no es firme, todo indica que ya no tendrá que seguir deshojando la margarita de dar o no el paso ante unos nuevos comicios al Parlament que nadie sitúa más allá del año que viene.
La razón es la siguiente: de acuerdo con el artículo 6.2 de la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG), Mas no podrá presentarse a ninguna elección –municipal, autonómica o a las Cortes– durante el periodo fijado en la condena porque así se le impide a quienes hayan cometido delitos de “rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado”. El propio expresidente, asimismo, ha descartado ser candidato en base a “la legislación española”, con lo que ha dejado entrever un fin de ciclo justo cuando los malos vientos del ‘caso Palau’ y del ‘caso 3%’ se avalanzan sobre él hasta el punto de restarle apoyos hasta en sus propias filas.
MULTA DE 36.500 EUROS
Aparte de los dos años de inhabilitación, el ‘expresident’ deberá abonar una multa de 36.500 euros y tanto él como las ‘exconselleres’ Rigau y Ortega pagarán a medias las costas del juicio, cuya sentencia ha vuelto a unir al soberanismo tras unos días de miradas de reojo a raíz de las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull y de nuevas investigaciones que enfangan a un entorno cada vez más cercano al expresidente de CDC.
Coincidencia o no, el fallo se ha hecho público tras un goteo continuo de pruebas sobre las supuestas mordidas convergentes y a dos días de que Mas comparezca en el Parlament a dar explicaciones sobre ellas, y no sobre la hoja de ruta soberanista. Entretanto, todo el bloque independentista ha salido en tromba a defender que la condena “no podrá parar” el proceso independentista, cuyo fin solo se producirá “a través de las urnas”. En el ala contraria, tanto Ciutadans como el PPC, los más contundentes, se han felicitado de la sentencia inculpatoria y la han elevado a categoría de aviso a navegantes para Oriol Junqueras y Puigdemont porque “el que la hace la paga”. Allende el río Sènia, solo Podemos ha criticado la sentencia.
El periodico
